Detención de notario Enrique Hernández Quintero por la Fiscalía de Nayarit genera sospechas de irregularidades en operaciones inmobiliarias.

Nayarit (RRC): La Fiscalía General del Estado de Nayarit ejecutó este jueves una orden de aprehensión contra el licenciado Enrique Hernández Quintero, notario público titular número cuatro con sede en Ixtlán del Río, por su presunta participación en delitos relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares. La detención forma parte del «Mega Operativo Nuevo Nayarit», una investigación que ha sacudido al estado al recuperar miles de hectáreas de terrenos costeros valorados en más de 50 mil millones de pesos, implicando a exgobernadores, funcionarios y fedatarios públicos en una red de corrupción.

Hernández Quintero, quien asumió su patente notarial en 2021 durante el gobierno de Antonio Echeverría García –bajo cuestionamientos por presuntas violaciones a la Ley del Notariado por no cumplir con requisitos de prácticas previas–, fue aprehendido en las instalaciones de su notaría en Zaragoza 35, entre Allende y Francisco I. Madero, en el centro de Ixtlán del Río. Fuentes cercanas a la investigación indican que el notario es señalado por falsificación de documentos registrales, alteración de libros notariales y simulación de actos jurídicos para facilitar el despojo de bienes públicos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), un fondo creado para el desarrollo turístico que fue desviado durante casi dos décadas.

El operativo, iniciado en septiembre de 2021 y coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR), ha derivado en el aseguramiento de 359 cuentas bancarias por un monto superior a 7 mil 200 millones de pesos, así como cateos en múltiples notarías vinculadas a la trama. Según el fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce, las inspecciones revelaron «alteraciones deliberadas en documentos oficiales» que permitieron la enajenación irregular de predios en la Riviera Nayarita, beneficiando a particulares y exautoridades como Ney González y Roberto Sandoval Castañeda. En conferencia de prensa reciente, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero describió el caso como «una batalla sin cuartel» contra una «red de corrupción única en la historia de México».

La detención de Hernández Quintero se suma a otras aprehensiones en el gremio notarial, como la de Alonso «N» en 2022 por asociación delictuosa, abuso de autoridad y secuestro, y encaja en un contexto de denuncias sobre un «cártel notarial» en Nayarit. Empresarios de Bahía de Banderas han acusado a la Fiscalía de usar mecanismos «pseudo-legales» para expropiaciones arbitrarias, mientras que la Asociación de Abogadas del Estado de Nayarit ha alertado sobre posibles persecuciones políticas, especialmente ante las candidaturas rumbo a la gubernatura de 2027. En este sentido, la captura genera especulaciones: ¿es un golpe genuino contra la impunidad o una maniobra para silenciar disidencias en un estado donde la crítica al oficialismo se ha criminalizado?

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado los cargos específicos contra Hernández Quintero ni el monto de los bienes involucrados en su notaría, pero se espera que en las próximas horas se presente ante un juez de control en Tepic. El Colegio de Notarios de Nayarit no ha emitido un posicionamiento oficial, aunque litigantes de barras y asociaciones de abogados exigen transparencia para evitar que el caso se convierta en «rehén del capricho político», como han calificado al clima actual en la entidad.

Este suceso subraya la fragilidad del sistema notarial en Nayarit, donde fedatarios como Hernández Quintero –quien también fue exrector de la Universidad Politécnica de Nayarit– han sido señalados por tráfico de influencias desde su designación. La recuperación de 9 mil 600 hectáreas de playa representa un triunfo para el gobierno estatal, pero también un recordatorio de cómo la corrupción inmobiliaria ha hipotecado el futuro turístico de la región. Autoridades federales y locales prometen más detenciones en las semanas venideras, mientras la sociedad nayarita observa con cautela un proceso que podría redefinir la confianza en sus instituciones.

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